Se trata del texto consensuado por todos los bloques de Diputados en 2020, pero que perdió estado parlamentario, ante el silencio oficial. Será el cuarto intento para sancionar una ley hasta ahora postergada por la presión del lobby empresario.
Se abre una nueva alternativa. Aún no está claro la disposición real del Gobierno por aprobar el proyecto de ley consensuada y no querer avanzar con modificaciones que le quite fuerza ante las presiones de algunas provincias.
También vuelve a ponerse en movimiento la presión del movimiento ambientalista que requiere de la movilización y respaldo activo de la sociedad.
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