El abuso en patota tuvo lugar en Florencio Varela en 2016. Hay cuatro condenados. Paula murió en diciembre de 2021. Su madre, Sandra Zapata, descree que se haya suicidado.
El juez Diego Agüero elevó a juicio oral y público la causa contra Mauro Nair Goncalves, el último detenido acusado de participar en la violación grupal a Paula Martínez, la joven que fue abusada a los 18 años en una casa en Florencio Varela, en diciembre de 2016, por al menos cinco varones que ella pudo identificar. Goncalvez, que será juzgado por un jurado popular, estuvo prófugo cinco años y fue detenido el 8 de abril de 2022, a pocos días de comenzado el juicio por el que fueron condenados a 19 años de prisión Gonzalo Sandoval, Guillermo Chávez y Gustavo Carbonel por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”. En un fallo unánime los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Quilmes condenaron también a Diego Domínguez a 20 años, con el agravante de ser funcionario público, ex guardia comunal. El juez Agüero hizo lugar a la recusación contra la fiscal Mariela López, de la UFI 10 de Varela, presentada por Sandra Zapata, la madre de la joven que se habría suicidado en diciembre de 2021.
“Estamos continuando la lucha para que mi hija Paula tenga justicia”, dice Zapata a Página/12 y cuenta que hasta el momento se presentaría sola en el juicio contra Goncalves. Sin una abogada o abogado que la represente, dependería del fiscal de la causa y del asesoramiento de Romina Doncel, miembro de la ONG Se trata de no + trata que la viene asistiendo desde el juicio anterior. “Mauro Nair Goncalves es el peor de todos ya que se mantuvo prófugo durante cinco años y cuando él estaba libre mi hija apareció muerte en mi casa. Estoy segura de que solo no pudo esconderse durante tanto tiempo”, confiesa la madre de Paula y recuerda que Goncalves tendrá como abogado defensor a Roberto Damboriana, quien fue abogado de Gonzalo Sandoval, condenado a 19 años de prisión. “No sé con qué podría llegar a salir el doctor Damboriana, que es un defensor de violadores sin escrúpulos, al cual no le tiembla la voz al juzgar a las víctimas con tal de salvar el pellejo de sus defendidos, que son criminales, abusadores, violadores y asesinos”.
Los jueces que condenaron a Chávez, Sandoval, Carbonel y Domínguez afirmaron que Paula Martínez “no tuvo capacidad de discernir sus actos, tras sentirse mal al beber una bebida, por lo que fue sometida sexualmente en total estado de vulnerabilidad” la noche del 10 de diciembre de 2016. Paula, que entonces tenía 18 años, fue al cumpleaños de Mariana Brizuela, frente a su casa, en la calle Guardia Nacional de Varela. Chávez le convidó una bebida y comenzó a marearse y a no tener dominio de su cuerpo. Deambuló por la fiesta hasta el amanecer, salió de la casa y se dirigió a la esquina para encontrarse con Sandoval, que apareció en una camioneta blanca y la subió porque ella no podía moverse. En esa camioneta, conducida por Carbonel y con Domínguez como acompañante, la trasladaron a un domicilio de la calle Derqui, donde fue abusada sexualmente de forma sistemática mediante acceso carnal vía vaginal por Sandoval, Domínguez y Chávez. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 ordenó investigar si Brizuela, la vecina que cumplía años, tuvo algún grado de participación en la violación grupal como posible entregadora, como había solicitado el fiscal Claudio Pelayo.
Zapata recusó a Darío Provisionato, un fiscal de trata de personas que subrogó a la entonces fiscal Claudia Brezovec. Provisionato dijo que “el 30 por ciento de las pibas dicen la verdad y el 70 por ciento mienten, y trató a mi hija de mentirosa”, subraya Zapata. Al mes de la violación grupal, Paula fue a ver a la fiscal Brezovec y la atendió Gustavo Rodríguez, jefe de asistencia a la víctima que se presentó como secretario de la fiscal Brezovec. “La fiscal no te cree”, le dijo Rodríguez a la joven violada. Ese día Paula empezó a cortarse y a tomar pastillas. Desde entonces, la vida de ella y de su familia fue un calvario, como declaró Zapata en la primera audiencia del juicio que se realizó el año pasado. Su hija perdió el trabajo por los ataques de pánico que tenía, pasó noches sin dormir; no quería salir de su casa porque tenía terror de encontrarse con quienes la habían violado, todos vecinos del barrio que la amenazaban y la hostigaban, a ella y a su familia.
La madre de Paula también recusó a la fiscal Mariela López, de la UFI 10, que estaba a cargo de la investigación por la violación grupal. “Hay dos ADN que salieron a la luz en el juicio que no son compatibles con ninguno de los cinco violadores. O sea que hay dos violadores más sueltos y la fiscal no investigó”, advierte Zapata. “Supuestamente en las pericias de celulares, notebooks, tablets y computadoras de los familiares de Mauro Nair Goncalves no encontraron nada. En cinco años prófugo tiene que haberse comunicado con alguien”, agrega y precisa que además recusó al fiscal Hernán Bustos Rivas de la UFI 5 porque tiene una opinión formada de que la muerte de Paula fue un suicidio. “Yo estoy segura de que a mi hija la mataron. Acá hay trata, hay narcos de por medio, y yo no puedo dejar que esto siga así. Quiero que no sea más ninguna fiscalía de (Florencio) Varela que esté investigando las causas. Quiero que las causas se unan y pido que se haga cargo el fiscal Daniel Ichazo, que es de una UFI de trata de Berazategui, que no tiene que ver con Varela, porque estamos luchando contra el poder de Florencio Varela”, explica Zapata.
Romina Doncel, especialista en trata de personas con fines de explotación sexual y delitos de crimen organizado, fue la última profesional que asistió en vida a Paula. “Lo que manifiesta Sandra es que hubo falta de interés en la investigación a Goncalves, que estuvo cinco años prófugo en la casa de un familiar. El peritaje de los artefactos tecnológicos dice que no hay nada que sea relevante a la causa, o sea que todos estos años en los que él se comunicó por celular no hay información ni siquiera para poder identificar qué familiares participaron del encubrimiento. Que no hayan encontrado nada demuestra desidia por parte de la fiscalía”, confirma Doncel. “Los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de actuar de manera eficaz en tiempo y forma. Si eso no sucede, si actúan con negligencia, lentitud y revictimizando a las víctimas y a sus familiares, tendrán consecuencias. Las personas tienen que saber que es su derecho poder acceder a una justicia eficaz”, concluye la especialista. (Gentileza Página 12)
