A dos meses de la trágica muerte del joven trabajador Gabriel Cáceres, la justicia no ha avanzado en la investigación y ningún responsable político ha sido citado. Matías Aguirre, concejal y funcionario provincial, sigue cobrando del Estado mientras la causa permanece paralizada.
La familia de Cáceres clama por justicia, mientras la impunidad y el silencio oficial exponen un sistema que protege a los poderosos y abandona a los que menos tienen. La fiscal Karina Santolin, a cargo del caso, no ha logrado avances significativos en la investigación, lo que genera preocupación y descontento en la comunidad.
