La Justicia Federal dictó una medida cautelar que obliga al Ministerio de Capital Humano a mantener la vigencia del programa “Volver al Trabajo”. El fallo, impulsado por un amparo colectivo de la UTEP, establece que el Estado debe garantizar las prestaciones económicas a los trabajadores de la economía popular hasta que se dicte una sentencia definitiva.
En Berazategui, esta decisión impacta en 15.244 trabajadores que dependen de este ingreso único para subsistir. La continuidad del programa evita una pérdida mensual de $1.189 millones de pesos en la economía local, recursos que se destinan principalmente al consumo en comercios de cercanía y al sostenimiento de comedores y cooperativas barriales.
A pesar de la apelación presentada por el Gobierno, la UTEP se mantiene en estado de alerta y movilización para garantizar que el pago se efectivice. Las organizaciones denuncian que el intento de eliminar este derecho, cuyo monto está congelado desde 2023, empujaría a miles de familias a la indigencia y desfinanciaría servicios esenciales en los barrios populares.
