El pasado lunes 4 de mayo, el barrio de Pompeya fue escenario de nuevos operativos de “Espacio Público” y la Policía de la Ciudad contra vendedores ambulantes. La jornada terminó con denuncias de violencia física, detenciones y el decomiso de mercadería, lo que los afectados califican como un robo institucional hacia su único capital de supervivencia en un marco de profunda crisis económica.
Con un índice de pobreza que alcanza el 56% en Argentina, se cuestiona la decisión del Gobierno de la Ciudad de priorizar la persecución sobre la inclusión. Sectores sociales advierten que la criminalización de trabajadores informales, cartoneros y personas en situación de calle refleja la ausencia de un Estado que garantice el derecho al trabajo digno, optando en su lugar por el uso de la fuerza.
