El Gobierno nacional ratificó que avanza un proceso administrativo para aplicar una sanción económica de hasta 70 mil millones de pesos contra la Unión Tranviarios Automotor. El motivo de la penalización impulsada por la Secretaría de Trabajo se fundamenta en la adhesión del sindicato al último paro general de la CGT, desoyendo una conciliación obligatoria que se encontraba plenamente vigente.
En este sentido, las autoridades del Ministerio de Capital Humano señalaron que las pericias en el interior del país continúan realizándose para constatar el nivel de acatamiento de los choferes. Asimismo, la conducción del gremio conducido por Roberto Fernández argumentó que dicha orden oficial solo regía para un conflicto salarial del interior, quedando legalmente habilitados para paralizar los servicios en el AMBA.
Finalmente, desde la contraparte del sector ferroviario, el sindicato La Fraternidad confirmó que presentará este jueves una impugnación judicial por una multa similar de 21 mil millones de pesos. Por consiguiente, los representantes gremiales realizarán una presentación formal ante los tribunales locales y elevarán una denuncia internacional en junio ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra por considerarlo una persecución política.
