A través de la publicación del decreto 315/2026, el Poder Ejecutivo oficializó la implementación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Esta normativa, que surge tras el aval judicial a la reforma laboral, establece una reducción drástica de las contribuciones patronales por un período de 48 meses para quienes incorporen nuevos trabajadores a su nómina. La medida busca atacar directamente la desocupación y la informalidad, incentivando la creación de empleo genuino en el sector privado.
En este sentido, el beneficio alcanza a cuatro perfiles específicos de trabajadores, incluyendo a quienes estaban desempleados en el último semestre o aquellos que se desempeñaban de manera independiente sin relación de dependencia previa. Para acceder a estas alícuotas diferenciales, que oscilan entre el 2% y el 3%, los empleadores deben registrar las nuevas relaciones laborales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre mayo de 2026 y abril de 2027. Asimismo, la legislación estipula que estas incorporaciones no podrán exceder el 80% de la plantilla total del personal de la empresa.
Finalmente, el organismo recaudador será el encargado de fiscalizar el cumplimiento de los requisitos, pudiendo aplicar sanciones y exigir la recomposición de aportes en caso de irregularidades. Por consiguiente, la puesta en marcha de este capítulo de la reforma representa una apuesta central de la gestión nacional para dinamizar el mercado de trabajo tras la revocación de las medidas cautelares que frenaban la ley. El avance administrativo promete una articulación constante con el Ministerio de Capital Humano para garantizar la transición de los beneficiarios de planes sociales al empleo formal.
