A poco de cumplirse un año de la condena al exconcejal de Florencio Varela y burócrata sindical Daniel Zisuela por ser parte de una red de trata sexual la impunidad continúa, Paula Blanco, víctima y principal denunciante, hizo pública su situación actual, a la espera que la Justicia avance con los otros implicados y la causa de su hermano fallecido.
El fallo fue arrancado gracias a la valentía de las víctimas en hacer las denuncias y el acompañamiento de la comunidad indignada que fue parte de sendas movilizaciones en el distrito y en el juzgado de Quilmes, junto a organizaciones sociales y piqueteras, feministas y de diversidades, partidos políticos de izquierda, el Partido Obrero, el Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero.
A partir del encarcelamiento a Zisuela las víctimas sufrieron una revictimización constante, además de continuas amenazas.
Paula Blanco, que actualmente vive en la casa de su abuela con su familia materna -entre ellos un sobrino con discapacidad y su hijo en edad escolar- está pasando una situación económica alarmante, como muchos en el país, cobrando un plan social y una asignación por hijo sin ningún tipo de asistencia por parte de la Secretaría de Género de la Municipalidad.
La intervención del Ministerio de la Mujer ha sido escasa, dignandose solo a conseguir la matrícula escolar para su hijo.
Su hermano, Marcelo Blanco, murió un mes después de la condena a Zisuela, caso que fue caratulado como suicidio. La investigación a cargo del fiscal Darío Provisionato, de la fiscalía n° 1 de Florencio Varela, no avanza. A causa de esto, Paula emitió una carta pública donde refleja el dolor de la familia.
Las fuerzas de seguridad que tienen la orden de custodia tienen un trato amistoso en el barrio con una de las implicadas, Mirta Rojas (referente de Libres del Sur) poniendo en evidencia el peligro que sufre la víctima y su familia.
Uno de sus mayores reclamos es la falta de trabajo ya que el municipio de Andrés Watson la despidió luego de la denuncia a Zisuela y a los otros implicados, entre ellos funcionarios, burócratas sindicales y de seguridad.
Su situación se encuentra totalmente vulnerada por la falta de trabajo, condición que comparte junto las miles de mujeres que padecen violencia machista, explotación laboral y sexual, múltiples maltratos y humillaciones a las que son sometidas, agravadas por las políticas fondomonetaristas del gobierno que ajusta y recorta los presupuestos que deberían destinarse a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras.
